TRANSPARENCIA. Sesión truncada.
El Concejo Deliberante está bajo sospecha. La sesión 10 no
tuvo quórum, el pasado 28 de abril, con seis ediles se levantó la asamblea. El
escándalo es un supuesto recibo de sueldo por $25.197,18 en la oficina
local del Pami, con fecha 18 de diciembre de 2014. El titular es Juan Cajal,
quien había asumido casi dos meses antes.
La falta de quórum frenó el debate, pero el martes 3 se
reinicia la puja, y traerá varios dolores de cabeza. El oficialismo toma
distancia.
Ante el desprestigio del Concejo Deliberante, la crisis de
representatividad, se acerca unas posibles acciones:
1. Instruir una investigación a todos los ediles: los
encuadrados en el artículo 22 de la Carta Orgánica Municipal,
incompatibilidades e inhabilidades, los afectados deben cesar ipso jure en sus
funciones. Es decir, si la falta está, no hace falta solicitarla. La
desafectación es inmediata.
2. Investigar si los ediles cobraron doblemente por parte
del Estado: municipal o provincial.
3. Analizar si se presentó con anterioridad la licencia
política por cargo superior; especialmente los ediles que tienen contratos con
la Provincia o la Nación.
4. Solicitar al Pami la copia de la resolución N° 1965/14
QRH. El documento es importante para verificar fechas y firmas.
5. Investigar si Juan Cajal cobró noviembre y diciembre de
2014 en el Pami; o se percibió alguna liquidación.
La sospecha hiere la transparencia de la gestión
legislativa. El escándalo no se puede sostener; podría levantarse una tormenta
de acusaciones y pases de facturas.
Para investigar al Ejecutivo, y no caer simplemente en
interpelaciones a secretarios, es necesaria una limpieza institucional del
Concejo. Hace falta mucho honor y transparencia.
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